Contratos a utilizar en el proceso de regularización del empleo sumergido

Los empresarios que se acojan al proceso de regularización del empleo sumergido deben formalizar con el trabajador un contrato de trabajo, ya sea indefinido o temporal, incluidos los formativos, haciendo constar en el contrato que se acogen a este proceso de regularización, sin que el contrato pueda, salvo algunas excepciones, extinguirse antes de 6 meses, so pena de perder los beneficios y efectos de este plan de regularización del empleo sumergido.

Desde el 7-5-2011 hasta el 31-7-2011, los empresarios que se hayan acogido al procedimiento de regularización respecto de aquellos trabajadores ocupados de manera irregular deben formalizar un contrato de trabajo con el trabajador, mediante cualquier modalidad contractual indefinida o temporal o de duración determinada, incluidos los contratos formativos, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para su celebración, de acuerdo con la legislación laboral. En el contrato de trabajo debe hacerse constar expresamente que el mismo se acoge a este proceso de regularización, sin perjuicio de la restante normativa laboral que resulte de aplicación en función de la modalidad de contratación utilizada.
Si se trata de contratos de carácter temporal o de duración determinada, se establecen dos especialidades:
– la duración inicial prevista no puede ser inferior a 6 meses, desde la fecha de solicitud del alta en la Seguridad Social, y;
– no resulta de aplicación lo establecido sobre la adquisición de la condición de trabajadores fijos por falta de alta en la Seguridad Social (ET art.15.2), siempre que se cumplan los requisitos previstos en el proceso de regularización fijado.
La extinción del contrato de trabajo de los trabajadores afectados por esta regularización antes de 6 meses, cualquiera que fuera la modalidad de contratación utilizada, salvo en los supuestos de extinción por despido disciplinario declarado como procedente, o por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, supone la pérdida automática del derecho a acogerse a los beneficios y efectos que se establecen al efecto con efectos desde la fecha de la regularización. Asimismo se deberán de reintegrar las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, obtenidos como consecuencia de esta contratación.
Asimismo, los empresarios que incumplan el régimen jurídico de la regularización deberán proceder al ingreso de las cuotas de Seguridad Social que procedan; todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social

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