España, ‘el nuevo enfermo de Europa’

España es “el nuevo enfermo de Europa”. Así califica la situación económica española la revista especializada 'The Economist'. Que otros países europeos ya hayan empezado a ver la luz al final del tunel, mientras que la economía española se redujo por sexto mes consecutivo demuestra que las consecuencias de la crisis nos han dañado más que al resto.

La tasa de paro en España sólo es superada por Letonia dentro de la UE. Para la revista un claro ejemplo de que los españoles nos “emborrachamos del ladrillo” antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2007. Por ello, España entró en recesión en un país ya “debilitado”.

Según 'The Economist', nuestra economía tardará más tiempo en recuperarse y necesitará apoyos “extra” si se quiere que España vuelva a crecer a partir de 2011.

La publicación económica repasa la coyuntura actual española, a raíz de unas jornadas organizadas en Madrid en las que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió en que la recuperación económica ya ha comenzado.

Para la revista Zapatero “es el eterno optimista” pese a la realidad de la situación y a las críticas que el presidente ha recibido por intentar ocultar en un primer momento la crisis y la magnitud de los problemas. Aún así Zapatero se ve capacitado para salir de la recesión y sacar a España del pozo de la crisis.

Pero hay muchos más problemas que, según ‘The Economist’, no permiten a España despegar. Un sistema laboral “injusto e ineficaz” que llevan a un alto coste del despido de los trabajadores con contratos indefinidos lo que perjudica la productividad, aunque para la ministra de Economía, Elena Salgado, da mayor “flexibilidad”.

“Los trabajadores incompetentes con contratos indefinidos están protegidos”, dice la revista, y no se impulsa ni se forma a los jóvenes.

A España sólo le queda una salida que, tal y como recoge ‘The Economist’, vendrá de la mano del resto de la UE, pero que el tirón de Francia y Alemania será a corto plazo, por lo que España tendrá que “hacer mucho más para poner orden en casa”.

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La mitad de los alquileres no se declaran a Hacienda

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman en un informe difundido hoy que más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco.

Se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en España, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas, según un informe de Gestha.

Los datos de los técnicos de Hacienda muestran que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.

Por otro lado, el estudio de los técnicos cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda. Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente.

A continuación le siguen las comunidades de Extremadura (69,8%), Canarias (64,5%) y Murcia (64,1%). Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 16,2% de los alquileres escapan del control del fisco.

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Hacienda exige controlar más las rentas de los socios en las retenciones

Más papeleo. El Ministerio de Economía y Hacienda no quiere que a sus maltrechas arcas se les fugue ni un euro de más. Por eso ha fortalecido los requisitos para que las empresas acrediten las retenciones de sus socios y asalariados en el IRPF, así como su sujeción a exenciones por vivienda habitual o por hijos.

En la adaptación del modelo de declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, Hacienda hace hincapié en la modificación de “las descripciones de determinados campos de los registros de tipo 2 (registro de socio, heredero, comunero y partícipe)”, con el objeto de “especificar las fuentes de renta a las que, en cada caso, corresponden las retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por las entidades en régimen de atribución de rentas a cada uno de sus miembros”.

Es decir, se pide el detalle de los ingresos de los socios que producen las retenciones, para perseguir a los que cobran una parte de sus emolumentos a través de una sociedad externa. Además, a los socios les interesa cobrar más parte en concepto de retribuciones como consejero que por el trabajo desempeñan.

A partir de 52.360 euros, el tipo de retención aplicable es el 43%, pero el de los consejeros es el 35%. Y si tienen rendimientos de capital de la propia empresa, se tributará al 18% (el famoso aguinaldo fiscal). Gracias a este modelo, Hacienda conseguirá información muy valiosa para seguir la pista fiscal de estructuras paralelas de cobro.

Todo ello, que supone una mayor carga de trabajo burocrático, se especifica en la nueva orden por la que se aprueba “el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones”, entre otros aspectos.

En dicho texto “se pide cada vez más información, más exhaustiva y detallada, para comprobar que las exenciones son correctas”, asegura Lourdes Corral, gerente del área de People Services de KPMG Abogados. Corral, no obstante, considera que estas adaptaciones dan una mayor eficacia a la legislación.

Deducción por vivienda
Además, se amplía el trámite administrativo referido a la reducción del tipo de retención aplicable sobre los contribuyentes que comunican a su pagador que van a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. En este caso “regulado a finales de 2008″, ahora es obligatorio incorporar “la información relativa a la comunicación por el contribuyente al pagador de sus rendimientos del trabajo”. Circunstancia que se dejó plasmada en el artículo 108.2 del Reglamento del IRPF. Se trata de una prueba fehaciente de que la cadena informativa no tiene fisuras para Hacienda.

“Junto a la necesaria adaptación a esta nueva exigencia de información”, en el modelo 190 se han incorporado “otros nuevos datos adicionales”, relativos a las exenciones por los tres primeros hijos, “a efectos de determinar el tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo”. Con ello se completa la información contenida en el modelo que tiene incidencia en la cuantía del mínimo por descendientes.

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La tasa de empleo de España se hunde y ya se sitúa a cinco puntos de la UE

El efecto devastador que está teniendo la recesión sobre el empleo va mucho más allá de lo que podía imaginarse. Los datos que acaba de publicar Eurostat indican que la tasa de empleo de España -porcentaje de trabajadores con empleo respecto del total de la población entre 15 y 64 años- ha retrocedido nada menos que cinco puntos en un solo año.

 

Se trata de la caída más fuerte jamás alcanzada por la economía española desde el Plan de Estabilización; pero también supone poner freno al proceso de convergencia iniciado a mediados de los 90, cuando gracias al fuerte crecimiento del empleo, España llegó a rozar en 2008 el nivel de ocupación de la Unión Europea.

 

Según las cifras de Eurostat, la tasa de empleo española (la variable más relevante desde el punto de vista económico ya que afecta a todo el sistema productivo) se situó en el segundo trimestre de este año en el 59,9%, muy lejos del 64,9% registrado en la eurozona. Un año antes, la tasa de empleo de España se situaba en el 65%, apenas 1,1 puntos porcentuales por debajo de la existente en Europa.

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España cae 30 puestos en el ‘ranking’ de competitividad del Banco Mundial

El término competitividad significa exactamente “capacidad de competir”. Pero no todos los países desarrollan esta capacidad lo suficiente como para lanzar su economía frente a la de sus principales rivales. España, por ejemplo, es el país industrializado que soporta la mayor tasa de paro, un 17,93% en el tercer trimestre. Este dato es el reflejo de la maraña burocrática y de los déficits que soporta el tejido empresarial español. De hecho, en los últimos cinco años, España ha caído casi 30 puestos en el ranking de competitividad empresarial elaborado por el Banco Mundial: Doing Business 2010.

El informe sitúa a España para el próximo año en la posición 62 sobre un total de 183 países. En los últimos ejercicios, el deterioro de la competitividad de las empresas nacionales ha hecho que su posición en la encuesta internacional descienda desde el lugar 31, que ocupaba en 2006, al 62 previsto para 2010.

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Hacienda exige a las empresas impuestos por adelantado

Las empresas no sólo tendrán que pelear contra el fuerte deterioro económico y las subidas fiscales presentes y venideras. Además, acaban de confirmar el deseo firme de Hacienda de cobrar ya parte de las subidas tributarias provocadas por la reforma contable vigente desde el año pasado y que las compañías pactaron con el propio Gobierno diferir a lo largo de 2008, 2009 y 2010.

La entrada en vigor del Nuevo Plan General de Contabilidad, el pasado 1 de enero de 2008, provocó que las cotizadas tuviesen que abordar infinidad de cambios contables que, a su vez, se tradujeron en importantes modificaciones fiscales. Nuevas valoraciones de activos, pérdidas de deducción fiscal por provisiones y otras variaciones provocaron que la traducción de todos estos cambios para las compañías fuese literalmente un mayor pago de impuestos.

Las empresas no ocultaron su queja y negociaron en aquel momento con el Gobierno un alivio fiscal que se plasmó en la Ley 4/2008. Gracias a esa norma, todos los cargos y abonos efectuados en partidas de reservas provocados por la primera aplicación de los cambios contables tributarían en el Impuesto de Sociedades fraccionando el pago por partes iguales entre 2008, 2009 y 2010. Es decir, que se dividía el impacto en tres años para evitar un daño excesivo en las compañías.

Pero los tiempos han cambiado. Y la interpretación de Hacienda, que acaban de confirmar las empresas, ha quedado desvirtuada.

Ahora, mientras las firmas acaban de declarar y pagar la parte de golpe fiscal correspondiente a 2008, el Fisco mantiene que la parte de subida fiscal que las empresas pensaban que se podría diferir a 2009 y 2010, resulta que deberá incluirse a la hora de calcular los pagos fraccionados de dichos años, anulando gran parte del diferimiento y provocando el anticipo del pago en un año.

Es decir, que si una compañía contaba con poder terminar de pagar ese sobrecoste fiscal en la declaración del Impuesto de Sociedades de julio de 2011 –momento de declaración del impuesto correspondiente al año 2010- pues, lo cierto es que no podrá hacerlo si quiere beneficiarse del pago fraccionado de impuestos.

El resultado no es otro que el anticipo de los pagos con respecto a la expectativa inicial generada en las compañías en 9 meses y 15 meses, respectivamente, sobre los pagos fiscales por el ajuste correspondientes a los años 2009 y 2010. Y, por desgracia, se trata de un adelanto que provocará que en el peor momento de las empresas tengan que adelantar pagos fiscales.

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El Pacto de Toledo opta por ampliar a 20 años el cálculo de las pensiones

La medida, que será consensuada por todos los grupos, supondrá un recorte del 4% de la prestaciónTrabajo remitirá en las próximas semanas el borrador del texto que será aprobado en 2010

Tras siete años analizando estudios, y haber escuchado a expertos y agentes implicados para renovar el Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema público de la Seguridad Social, el Grupo Socialista ha optado, según confirmaron a elEconomista fuentes de la Comisión parlamentaria, a ampliar el cálculo de la pensión a 20 años y no a toda la vida laboral como barajaban hasta principios de este mismo año.

Esta ampliación será gradual y en más de una legislatura, explicó Isabel López i Chamosa, portavoz socialista de la Comisión del Pacto de Toledo, quien también confirmó que el Ministerio de Trabajo enviará en las próximas semanas el borrador sobre el que la Comisión comenzará a trabajar para que la renovación esté aprobada en 2010.

Una de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo, firmado en 1995 y renovado en 2002, era hacer más contributivo el sistema. Esta meta ha suscitado todo tipo de posibilidades, que iban en la misma dirección: ampliar el cómputo de años cotizados para fijar la pensión.

Sin embargo, todos los estudios elaborados concluían que la prestación quedaría mermada en más del 20 por ciento en comparación con su valor actual. Para no penalizar tanto a la pensión, la decisión se iría adoptando de forma paulatina a lo largo del tiempo partiendo de los 15 años actuales.

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El Gobierno aprueba hoy el paro para los autónomos

El Gobierno aprobará hoy previsiblemente el anteproyecto de ley que establecerá la prestación por cese de actividad para los autónomos, a pesar de la división de opiniones que el diseño de esta norma ha provocado entre las organizaciones más representativas de este colectivo.

Finalmente, el anteproyecto del Ejecutivo fijará una prestación que tendrá carácter mixto, entre voluntario y obligatorio, para aquellos que cesen de forma involuntaria en su actividad.

Podrán acceder a él los trabajadores autónomos que cotizan por la accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que en la actualidad ascienden a 541.192 personas.

Cubrirse por esta prestación, que protegerá a los que cesen en su actividad, supondrá un incremento de un 1,5% en la cotización de los autónomos, que en el caso de la mínima (833,4 euros) ascenderá a 12,5 euros mensuales. No obstante, en el primer año se incluye una reducción de medio punto en la cotización por accidentes de trabajo, por lo que esta protección supondrá un coste mensual de 8,33 euros.

En cuanto a la duración, los cotizantes deberán cubrir al menos un año para poder percibir dos meses de prestación, mientras que el máximo supondrá cubrir 36 meses para recibir esta paga durante seis meses.

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El desempleo juvenil se ha duplicado en los últimos dos años

El paro juvenil ha crecido un 93,4% desde que empezó la crisis económica -desde el tercer trimestre de 2007-, lo que supone 428.000 parados más en los últimos dos años, según un informe elaborado por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), que señala que el desempleo en menores de 25 lleva nueve trimestres consecutivos subiendo.

En Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, más de la mitad de sus parados jóvenes se han generado durante los últimos dos años.

Canarias y Andalucía, a la cabeza

Dentro de estas comunidades, la crisis ha tenido un impacto especialmente negativo en Baleares, donde el 75% del total de parados menores de 25 años se encuentran actualmente en esta situación debido a la crisis.

En Canarias (47,6%) y Andalucía (45,6%) se encuentran a la cabeza del paro juvenil español, con casi la mitad de los jóvenes que buscan empleo en paro. También por encima de la media española están la Comunidad Valenciana (40,7%) y Madrid (38,9%), mientras que en el extremo opuesto se sitúan las comunidades menos perjudicadas como Cantabria (22,8%), Islas Baleares (27,0%) y Navarra (28,8%).

En términos absolutos, el 65,4% de este colectivo, que engloba a un total de 885.700 desempleados, se concentra en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

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Sólo uno de cada cinco españoles confía en salir de la crisis en los próximos 12 meses

Los españoles siguen viendo lejano el final de la crisis y sólo uno de cada cinco cree que la actual situación económica terminará en los próximos 12 meses. De esta manera, España se ha situado entre los países más pesimistas respecto a la confianza del consumidor, con 74 puntos, dos menos que la media europea y doce por debajo de la media mundial del tercer trimestre de 2009.

El Índice Global de Confianza de los Consumidores de Nielsen registra en octubre que sólo el 22% de los encuestados en España pronostica una salida de la crisis en un año, mientras que el 92% considera que la economía se encuentra en recesión. El documento reconoce que las opiniones de los consumidores españoles son “bastante más negativas” que la media global.

En este sentido, el índice revela que la percepción de la crisis a nivel mundial ha mejorado y que la confianza de los consumidores ha aumentado desde los 77 puntos registrados en el mes de abril a los 86 de octubre.

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